La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está implementando medidas para desalentar las manifestaciones callejeras y llevar a cabo la segunda fase de su plan antipiquetes. Además de garantizar la libre circulación durante las protestas, la estrategia de la ministra busca identificar a los manifestantes que infringen la ley y, en caso de recibir un plan social, privarlos de dicho beneficio. También pretende trasladar el costo de los operativos policiales a las organizaciones políticas y sociales que promueven y participan en las movilizaciones.
Aunque aún no se han especificado los detalles sobre cómo se distribuirán estos costos entre las organizaciones sociales, dirigentes de izquierda, abogados de organizaciones sociales y especialistas en seguridad dudan de la viabilidad de esta segunda fase del proyecto de Bullrich.
Uno de los principales obstáculos es la dificultad para identificar a los manifestantes a través de la videovigilancia y garantizar su respectiva identidad. También se plantean dudas sobre cómo auditar los costos adicionales de los operativos y cómo calcular las horas de servicio extra de los efectivos policiales.
Las organizaciones sociales y políticas que participaron en la reciente movilización contra el Gobierno proyectan tomar acciones legales ante posibles medidas del gobierno. Se menciona la posibilidad de presentar amparos por las posibles ilegalidades de la medida, como la violación de derechos adquiridos y el uso de identificación por cámaras, que actualmente está suspendido en la Ciudad de Buenos Aires.
Los referentes políticos de algunas de las organizaciones que marcharon a Plaza de Mayo expresaron su rechazo a las medidas propuestas por Bullrich para limitar el poder de los movimientos sociales. Consideran que se trata de otra forma de restringir la protesta y que el costo de los operativos policiales es responsabilidad exclusiva del gobierno, no de los manifestantes.
Es así, que la implementación de estas medidas y el traslado de los costos de los operativos policiales a las organizaciones sociales enfrentan desafíos legales y cuestionamientos sobre su viabilidad y justicia.
