En la ciudad de Rosario, ha surgido una nueva amenaza contra el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. Esta intimidación fue encontrada en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se está llevando a cabo una investigación para determinar quiénes son los responsables. Esta amenaza podría estar relacionada con la reciente decisión de derribar los búnkeres de venta de drogas en la zona.
La gravedad y la sucesión de amenazas han generado preocupación tanto en el gobierno provincial como en la propia víctima. El gobernador Pullaro ha tomado medidas para protegerse, incluyendo la decisión de trasladar a su familia fuera de Rosario.
El viernes pasado, se descubrieron otras dos amenazas en una escuela y un centro de salud. Ante esta situación, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, ha señalado que estas intimidaciones son un atentado contra la democracia y deben ser investigadas y juzgadas como tales. Es urgente que fiscales y jueces actúen con firmeza y premura en estos casos.
En relación a las amenazas, el fiscal Franco Carbone ha imputado a Francisco Riquelme, un narco que se encuentra actualmente detenido en el penal federal de Marcos Paz, como el autor intelectual de los atentados y amenazas contra el gobernador.
Estos ataques tienen su origen en las medidas tomadas por Pullaro en los pabellones de alto perfil del penal de Piñero, donde se encuentran sicarios de Los Monos y otras bandas. La reorganización de los internos y los controles más estrictos han generado enojo y rabia entre los narcotraficantes.
El derribo de los puntos de venta de drogas también ha generado fricciones, ya que afecta la recaudación de los grupos criminales. Esta medida se comenzó a implementar la semana pasada, después de que Santa Fe adhiriera a la ley de narcomenudeo.
Es necesario tomar acciones contundentes para investigar y juzgar a los responsables de estas amenazas contra el gobernador Pullaro. Además, se deben mantener los controles y la lucha contra el narcotráfico para garantizar la seguridad de la población y preservar la democracia en la provincia de Santa Fe.
