El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en una conferencia de prensa que todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas por el Gobierno luego del revés que sufrió en Diputados con el tratamiento de la ley ómnibus. Adorni mencionó que se están considerando todas las alternativas para impulsar el proyecto y aseguró que la ley se convertirá en realidad.
Posibles caminos para el oficialismo
Al margen de impulsar un nuevo tratamiento en el recinto, el Gobierno tiene dos alternativas principales. La primera opción es recurrir a la consulta popular, una herramienta que generó controversia durante la campaña electoral. Sin embargo, según la Constitución, el Presidente no puede convocar directamente a un plebiscito vinculante, sino que debe surgir de la iniciativa de la Cámara de Diputados. Además, se requiere una participación mínima del 35% del padrón electoral.
La segunda opción es convocar a una consulta popular no vinculante, que puede ser realizada tanto por el Congreso como por el Ejecutivo. En este caso, el resultado de la consulta no tiene fuerza jurídica, pero puede brindar legitimidad popular al proyecto y obligar al Congreso a tratarlo. Sin embargo, esta opción es considerada menos favorable por el oficialismo.
Límites y debates sobre la consulta popular
La Constitución no establece límites temáticos para la consulta popular, pero algunos expertos interpretan que se aplican los mismos límites establecidos para la iniciativa popular. Estos límites se refieren a temas como la reforma constitucional, los tratados internacionales, los tributos, el presupuesto y las cuestiones penales.
Además, existe una tensión entre la letra de la Constitución y la ley que reglamenta la consulta popular no vinculante. Mientras que la Constitución establece que el Presidente puede convocar a la consulta “dentro de sus competencias”, la ley tiene una redacción más amplia y permite que se realice sobre cualquier tema de interés general. Expertos constitucionalistas debaten sobre si el Presidente puede convocar a una consulta sobre textos de leyes, ya que no tiene facultades legislativas.
El Gobierno evalúa todas las herramientas constitucionales disponibles para impulsar su proyecto de ley, incluyendo la posibilidad de recurrir a una consulta popular. Sin embargo, existen límites y debates sobre el alcance y la conveniencia de esta herramienta. El oficialismo deberá tomar una decisión estratégica en función de sus objetivos y de las limitaciones constitucionales.
