El gobierno de Santa Cruz ha presentado una denuncia en la Justicia en la que se señala que las contrataciones realizadas para el acto de asunción del gobernador Claudio Vidal, el pasado 10 de diciembre, tuvieron un costo más del doble del presupuesto inicial. El fiscal de Estado, Ramiro Castillo, ha solicitado que se investigue a los exfuncionarios de la gestión de Alicia Kirchner que estuvieron a cargo de estas contrataciones y pagaron en forma directa y con sobreprecios una suma cercana a los $80 millones.
En la presentación efectuada ante el Juzgado Penal 2 de Río Gallegos, el fiscal de Estado menciona la existencia de “hechos irregulares” cometidos por exfuncionarios de la Secretaría General de la Gobernación en el proceso de contratación de servicios para el acto de asunción. Se mencionan los servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering. Se solicita que los funcionarios responsables sean investigados por posibles delitos como fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Según los datos a los que se tuvo acceso, el trámite de los expedientes estuvo a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Ceremonial, Protocolo y Eventos Gubernamentales. Se contrató de forma directa, y a un mismo proveedor, por un monto que supera en casi $50 millones el presupuesto inicial. Se pagaron más de $69 millones por servicios que en el mercado podrían haberse abonado $50 millones menos. En total, el acto de asunción que estaba presupuestado en poco más de $30 millones terminó contratándose por casi $80 millones.
Entre los ejemplos de sobreprecios mencionados en la denuncia se encuentra el pago de $1600 por una botellita de agua que en el mercado tiene un valor de $500. Además, se presupuestó un catering para 300 personas por un costo de $32.000 por persona.
Los datos que respaldan la denuncia penal surgen de las auditorías realizadas por el gobierno de Vidal en toda la órbita del Estado. Además de esta denuncia, se han presentado otras en diferentes juzgados por irregularidades en la contratación de cooperativas de trabajo para tareas de limpieza en escuelas y organismos públicos.
La denuncia tiene relevancia penal debido a que las sumas pagadas superan ampliamente el valor presupuestado por otros proveedores para los mismos servicios. Esto revela irregularidades, discrecionalidad y falta de transparencia en las contrataciones, así como sobreprecios acordados por los exfuncionarios del Ministerio. Estos hechos denotan una gravedad institucional considerable, según informaron desde la fiscalía de Estado.
El sindicalista petrolero Claudio Vidal ganó las elecciones en agosto y el área de Ceremonial de Alicia Kirchner tuvo cuatro meses para organizar el acto de asunción. La Asesoría Letrada justificó la contratación directa argumentando la urgencia debido a la proximidad del acto, según consta en el expediente.
Según fuentes del gobierno de Vidal que participaron en la organización del acto, se presentaron al menos tres presupuestos al área de Protocolo. El monto general, que incluía servicios de transmisión, seguridad y catering, rondaba los $30 millones. Sin embargo, los expedientes presentados en la denuncia demuestran que se pagaron casi $50 millones de más.
En el caso del catering para 300 personas, se pagaron $9,6 millones, cuando se podría haber realizado por la mitad de ese precio. Además, se pagaron sobreprecios por el agua potable. Por 300 packs de agua de 500 cc x 12 unidades, se aprobó el pago de $4,8 millones, tres veces más de su valor actual en el mercado ($1,8 millones). Es decir, en diciembre el gobierno de Santa Cruz pagó una botellita de agua a $1600 en lugar de $500.
Desde la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio informaron que se contrató al mismo proveedor en reiteradas oportunidades en forma directa para proveer al Estado de diferentes insumos por sumas millonarias. Por esta razón, se ha decidido auditar cada una de estas contrataciones para asegurarse de que se hayan realizado conforme a la ley y sin sobreprecios.
La denuncia penal argumenta que los procedimientos de contratación, al menos en los expedientes mencionados, no fueron ejecutados legalmente por los funcionarios del Ministerio. Se cometieron graves irregularidades que afectaron el proceso de contratación y desviaron el objetivo de obtener el precio más conveniente. Por eso, se solicita que los funcionarios intervinientes sean investigados por los delitos mencionados.
