El Gobierno argentino ha presentado sus argumentos para iniciar la apelación en el caso de la estatización de YPF ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en Estados Unidos. El escrito, de 92 páginas, fue presentado por los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, quienes continúan representando al país y siguen la misma línea de argumentos utilizada durante el Gobierno anterior.
En el documento presentado, se cuestiona el hecho de que el caso se esté llevando a cabo en la corte de Nueva York y se solicita una revisión del monto de la indemnización establecido en el fallo de primera instancia.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska de la corte del Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia y determinó que Argentina no había respetado los estatutos de YPF al expropiar la empresa, por lo que deberá resarcir al estudio Burford Capital, el demandante, con una suma que podría alcanzar los US$16.000 millones.
El documento presentado por los abogados del país pide a la Corte de Apelaciones que revise el fallo de Preska, argumentando que la jueza aplicó erróneamente la legislación argentina. Además, sostienen que el caso nunca debió haber llegado a un tribunal de Nueva York, sino que debería haberse llevado a cabo en Argentina.
La próxima etapa del juicio será el 25 de marzo, fecha límite para que los demandantes (Burford Capital) presenten su apelación al fallo de primera instancia. Se espera que en esa instancia también apunten contra YPF, que fue eximida de responsabilidad en la sentencia dictada por Preska.
La historia de un juicio millonario
El conflicto judicial se originó en una demanda iniciada en 2015 por el estudio inglés Burford Capital, luego de adquirir los derechos para litigar contra Argentina a través de las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Estas empresas, con sede en Madrid, pertenecían a la familia Eskenazi (Grupo Petersen), que había adquirido el 25,4% del paquete accionario de YPF a Repsol entre 2008 y 2011.
La demanda cuestiona la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada por Argentina, argumentando que el país no respetó los estatutos de la empresa, que exigían una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios. La jueza Preska validó este argumento en su fallo de primera instancia.
Tras el fallo de Preska, el país notificó su apelación y solicitó una extensión de tiempo para presentar sus argumentos iniciales debido al cambio de Gobierno. La justicia estadounidense fijó la fecha límite para el 22 de febrero.
La presentación formal de la estrategia jurídica del equipo de abogados que representa al Estado argentino en la causa tuvo lugar en el día de ayer. El juicio acumula una serie de reveses y fallos adversos desde su inicio, con una sentencia en contra que implica el pago de una indemnización de hasta US$16.000 millones y la amenaza de embargos de los activos de Argentina. Se estima que la audiencia pública se llevará a cabo entre julio y septiembre, donde los abogados de ambas partes se enfrentarán cara a cara y responderán las preguntas de los jueces.
