Ante las demoras en el traspaso de la Justicia nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Jorge Macri tendrá su propia justicia laboral para tratar los casos de despidos y conflictos que se den en el ámbito local, según dijeron a LA NACION fuentes oficiales. También se prevé construir una cárcel porteña para alojar a los presos, muchos de ellos actualmente recluidos en comisarías.
El ministro de Justicia porteño, Mario Gabino Tapia, enviará en los próximos días a la Legislatura de la Ciudad tres proyectos de ley para crear una justicia laboral, un nuevo código de procedimiento y la creación del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), una instancia administrativa obligatoria antes de la demanda laboral.
El presupuesto previsto a diciembre del año pasado para la puesta en marcha del fuero laboral local es de 580 millones de pesos y se contempla la creación de 8 a 10 juzgados laborales y de 2 salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad. Estos cargos deberán crearse por ley y concursarse en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
La competencia de este fuero de la Ciudad estará determinada por los conflictos laborales que tengan lugar en las empresas radicadas en el ámbito porteño. Actualmente, los conflictos laborales que se dan en la ciudad de Buenos Aires son tratados por la justicia nacional en lo laboral, que cuenta con 80 juzgados y 10 salas.
La Constitución reformada en 1994 estableció la autonomía porteña y el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. No solo la laboral, sino la civil y la comercial, entre otras. El traspaso por la Ley Cafiero debe ocurrir con las partidas presupuestarias necesarias. Los jueces nacionales resisten el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad y mientras tanto se está dando lentamente un traspaso de las competencias penales de la justicia nacional a la justicia porteña.
Mientras se da este proceso, la Ciudad decidió dar un paso adelante y armar su propio fuero laboral. También tiene previsto conformar un fuero específico para tratar tema de familia, como adopción, casos de violencia intrafamiliar, asuntos que trata la justicia nacional en lo Civil, pero que suelen recurrir a organismos porteños para su intervención.
Sus fallos serán recurridos ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia. Con un fuero laboral porteño, y un fuero laboral nacional y un fuero civil porteño y un fuero civil nacional seguramente florecerán los conflictos de competencia que deberá resolver la Corte.
El máximo tribunal de la Nación viene teniendo una jurisprudencia cada vez más favorable a reconocer la competencias de la justicia local. Pero aún está a estudio de la Corte, si habilita o no que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad revise las causas de la justicia nacional. El leading case para saber hasta dónde llegan las facultades la Justicia Nacional y las de la Ciudad, es el caso del periodista Gabriel Levinas. La familia del artista León Ferrari litigó contra Levinas.
La Justicia civil lo condenó a rendir cuentas por la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari. La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y condenó a Levinas a abonar US$88.000, más intereses desde 2010. Contra ese fallo, Levinas dedujo recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que pertenece a la Justicia local. La Cámara Civil -Justicia Nacional- hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. El caso fue a la Corte Suprema de Justicia y el procurador Eduardo Casal opinó que contra el deseo de Levinas.
El debate es si la Justicia porteña puede ser tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia Nacional. A falta de una ley o convenio específico, la Corte mediante su jurisprudencia fue avanzando y entendió que la competencia ejercida por la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires no es federal, sino que versa sobre la interpretación y aplicación del derecho común, cuyo conocimiento corresponde a la ciudad de Buenos Aires.
Presos en comisarías
Lo que si avanzó es el traspaso de parte de la Policía Federal y se conformó la Policía de la ciudad de Buenos Aires. El proceso fue similar al que ahora se pretende para la Justicia. La Policía de la Ciudad se creó en 2010 y en 2017 se unificó con parte de la Policía Federal.
El conflicto que se da ahora entre el gobierno nacional y el gobierno local es por los presos. Las cárceles donde son detenidos los presos porteños, son nacionales. Es decir que dependen del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Con el cambio de política criminal de la Ciudad aumentó la cantidad de detenidos en comisaría que pasaron de 1500 a 1900 con el consecuente acinamiento y los riesgos de fuga. LA NACION ya le venía diciendo a la Ciudad en el gobierno de Alberto Fernández que no había más cupo en las cárceles federales para los presos porteños. Ahora, a pesar de ser el porteño y el nacional dos gobierno con la misma sintonía política, el conflicto se agravó por la cantidad de detenidos.
Para solucionar este problema, el 12 de marzo de 2018, el Gobierno porteño y el nacional del PRO anunciaron la construcción de un pabellón en el penal de Marcos Paz para el traslado de los presos de la cárcel de Villa Devoto. Se previó agrandar a 120 hectáreas, el predio de Marcos Paz, 5 más que ahora y albergar un máximo de 2240 reclusos.
Pero las obras se frenaron con el Gobierno de Alberto Fernández y la pandemia. La obra está en un 70% de avance en su edificación. Ahora, dicen fuentes oficiales de la Ciudad, se retomará la construcción para poder trasladar allí a los presos de Villa Devoto y con las plazas que queden vacantes albergar a los presos porteños alojados en comisarías.
El proyecto, dicen los funcionarios del gobierno de la Ciudad, es vaciar la cárcel de Villa Devoto, un viejo reclamo de los vecinos, vender ese predio y con el dinero construir un penal en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que aún los funcionarios mantienen en reserva. Es que la instalación de un penal en el barrio viene con todas sus ventajas y desventajas.
La existencia de un penal porteño exigirá que el gobierno forme su propio servicio penitenciario de la Ciudad, una tarea que será asignada a la escuela de formación de los policías de la Ciudad.
