El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amplió la comisión creada el 1° de marzo pasado para reformar el Código Penal y la llevó de cuatro a diez integrantes, entre los cuales se encuentran tres jueces de los tribunales federales de Comodoro Py, abogados cercanos a él e incluso dos funcionarios del Ministerio de Seguridad. La comisión se reunirá el próximo martes para dar inicio a una agenda de trabajo, según supo LA NACION, para comenzar a elaborar un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal.
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La presentación del proyecto que elaborará esta comisión se inscribe en la lógica de reformas que incluye haber cambiado por decreto la implementación del Código Procesal Penal Federal, que habilitó Milei en la apertura de las sesiones ordinarias, cuando anunció que le daría a Cúneo Libarona atribuciones para avanzar sin que sea necesaria la intervención del Congreso.
Con una impronta similar a la que tiene Milei, quien tiende a rodearse de las personas a las que conoció en su recorrido laboral, Cúneo Libarona conformó la comisión con abogados y funcionarios judiciales que tienen, casi todos, como denominador común, haber pasado por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) -de la que fue decano-, o incluso haber trabajado con él en el pasado.
El Código Penal vigente, que rige en todo el país, fue sancionado en 1921. En las últimas dos décadas fueron impulsados intentos de reforma a través de la conformación de comisiones, tanto en 2004, como en 2012 y 2017. Esos intentos nunca llegaron a su objetivo final. La última comisión fue presidida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, quien posiblemente intentará impulsar, como integrante de la nueva comisión, cambios con el espíritu del anteproyecto que presentó anteriormente.
La comisión fue creada el 1° de marzo pasado y hoy, en la resolución firmada por Cúneo Libarona, publicada en el Boletín Oficial, fueron sumadas tres mujeres, una de las cuales trabaja en el estudio jurídico familiar Cúneo Libarona.
María Eugenia Capuchetti
Es jueza federal de primera instancia en los tribunales federales de Comodoro Py. Fue nombrada durante el gobierno de Mauricio Macri para cubrir el juzgado número 5 que quedó vacante tras la renuncia del fallecido juez Norberto Oyarbide. Tuvo a su cargo la causa penal por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, así como también tramitó el expediente conocido como “mesa judicial” de macrismo, en el que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri. También tuvo a su cargo la causa por el llamado vacunatorio VIP durante la gestión de Alberto Fernández. Se recibió de abogada en la UMSA, donde luego comenzó a cursar un posgrado.
Ricardo Ángel Basílico
Es juez del Tribunal Oral Federal 1 de los tribunales federales de Comodoro Py, cargo para el que fue trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri desde la jurisdicción nacional. Como juez de ejecución penal revocó la prisión domiciliaria del exvicepresidente Amado Boudou y ordenó que regrese a la cárcel para cumplir la condena por el caso Ciccone. Desde el TOF 1 fue uno de los jueces que votó a favor de condenar por enriquecimiento ilícito al exsecretario de Obras Públicas José López. Es profesor de posgrado en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), ámbito académico que tiene en común con Cúneo Libarona.
Mariano Borinsky
Es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal que integra desde 2011, y donde son tramitados casos judiciales de alto voltaje político. Con la asunción del gobierno libertario fue invitado a París a formar parte de la comitiva oficial que participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a la Argentina en su combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es especialista en derecho penal tributario. Fue uno de los jueces apuntados por Cristina Kirchner no solo por su intervención en causas penales por la corrupción kirchnerista sino también por haber visitado a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Esas visitas le valieron a Borinsky denuncias en el Consejo de la Magistratura que nunca prosperaron. Ya presidió una comisión creada en 2017 para reformar el Código Penal. Es Doctor y Pos doctor en Derecho Penal.
Carlos Alberto Manfroni
Es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich. Manfroni tiene, además, buena relación con la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a quien escribió un libro que titularon Los otros muertos, en alusión a las víctimas del terrorismo durante los años 70. Sostiene, en sus columnas y libros, que el Estado argentino viola los derechos de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Fernando Oscar Soto
Es abogado penalista y actualmente es funcionario de Patricia Bullrich como director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. Defensor del concepto de “mano dura”, tuvo intervención en casos resonantes como defensor de la Policía Federal Argentina (PFA), como por ejemplo, al asumir la defensa del policía Luis Chocobar. Sostuvo que Chocobar actuó en “legítima defensa” y buscará impulsar cambios en los artículos que refieren al obrar de las fuerzas de seguridad. También fue abogado de Javier Pinto, uno de los prefectos acusados de asesinar a Rafael Nahuel, y tuvo participación en una causa vinculada a la muerte de Santiago Maldonado. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales del Ministerio de Seguridad.
María Valeria Onetto
Es abogada penalista y socia en el estudio Ezequiel Klainer & María Valeria Onetto abogados. Según reconstruyó LA NACION, Onetto defendió a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria. También defendió al ex agente de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Pablo Pinamonti. También fue defensora en casos de corrupción, tanto del exsecretario de Julio De Vido, José María Olazagasti, como del contador de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín. Consultada por LA NACION dijo que conoce a Mariano Cúneo Libarona “de la vida profesional, hace muchos años”.
Mercedes Rodríguez Goyena
Es abogada penalista egresada de la Universidad de San Andrés y auxiliar administrativa en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). Trabaja hace seis años en el estudio jurídico del ministro Cúneo Libarona.
Jorge Eduardo Buompadre
Es un abogado penalista correntino que dirige la Academia Argentina de Ciencias Penales en esa pronvincia. Según supo LA NACION, tiene buen vínculo con Cúneo Libarona, a quien conoce del ámbito académico.
Horacio Jaime Romero Villanueva
Es abogado penalista y socio del estudio Romero Villanueva – Abogados. Fue socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y publicó una edición ampliada del Código Penal con una perspectiva de cómo resuelven los órganos jurisdiccionales en la Argentina las controversias legales en materia jurídico-penal.
Julio César Báez
Es juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N° 4, doctor en derecho Penal y Ciencias Penales y sostiene, como le dijo a la exministra de Justicia Marcela Losardo en una entrevista en Infobae en 2017, que hay que reformar el Código Penal porque “no se puede combatir delitos nuevos con leyes viejas”.
