El Gobierno confirma que se despedirán 15.000 empleados estatales en lugar de los 70.000 mencionados por Javier Milei. Además, los restantes 55.000 empleados bajo contratos renovarán sus convenios por tres meses en lugar de un año, como se hacía anteriormente.
Los sindicatos estatales expresan su preocupación por la reducción del plazo de los contratos laborales, lo que genera incertidumbre y temor entre los empleados. Algunos afirman que esta situación los deja con una soga al cuello cada tres meses.
Otra consecuencia de esta decisión es la posibilidad de que aumenten los juicios laborales contra el Estado. ATE, el gremio más confrontativo, ya ha celebrado reuniones para unificar criterios de actuación en este sentido. Especialmente en ANSES, donde se están produciendo desvinculaciones que afectan a 910 empleados.
El Gobierno y los juicios laborales
El Gobierno no muestra preocupación por los posibles juicios laborales y señala que aquellos empleados que consideren que no se renovaron sus contratos pueden recurrir a la Justicia.
El Gobierno reconoce que hubo confusión en las cifras y aclara que se despedirán aproximadamente 15.000 empleados el próximo mes de abril. Además, advierte que la reducción de la planta de contratados continuará en los próximos meses, aunque no se especifica cuánto será el recorte.
El recorte de empleados no ha seguido un criterio unificado, ya que cada organismo ha evaluado su propia planta y ha determinado qué empleados son necesarios para la gestión. En algunos casos, se ha optado por no renovar a aquellos que ingresaron durante el mandato de Alberto Fernández, pero también ha habido despidos de empleados con muchos años de antigüedad.
En el caso de ANSES, se ha producido un conflicto debido a los despidos y las protestas de los sindicatos estatales. Esto ha generado problemas en la atención al público en varias oficinas de todo el país. Los despidos en ANSES afectan a aquellos empleados que ingresaron entre 2019 y 2023, lo que podría llevar a una posible judicialización de la situación.
El Gobierno argumenta que no corresponde indemnizar a los empleados despedidos de la administración pública central, ya que se trata de personal contratado por tiempo determinado y no tienen estabilidad laboral. Sin embargo, existen antecedentes legales que podrían respaldar reclamos de indemnización en casos similares.
El Gobierno confirmó que se despedirán 15.000 empleados estatales y que los restantes 55.000 tendrán contratos renovados por tres meses. Esta medida ha generado preocupación entre los gremios estatales y podría resultar en un aumento de los juicios laborales contra el Estado. Además, el criterio de selección para los despidos no ha sido unificado y se han producido conflictos en organismos como ANSES. El Gobierno argumenta que no corresponde indemnizar a los empleados despedidos, aunque existen antecedentes legales que podrían respaldar reclamos de indemnización.
