El desplazamiento del secretario penal de la Corte Suprema genera una nueva disputa en la cúpula del Poder Judicial
Recientemente, se produjo un nuevo capítulo de la guerra en la cima del Poder Judicial a raíz del intento de desplazar al secretario penal de la Corte, Fernando Arnedo. Esta acción ha sido atribuida al juez Ricardo Lorenzetti, quien ha expresado su preocupación por el reemplazo del secretario y ha señalado que el nuevo designado estará sujeto a las órdenes no escritas de los otros jueces del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quienes actualmente conforman la mayoría.
Estas declaraciones abren un nuevo flanco en la disputa, pues permiten la posibilidad de que los acusados en casos penales que se encuentran en la Corte utilicen estas intrigas de palacio como argumento para cuestionar las decisiones que afectan a sus clientes.
La Corte Suprema tiene pendientes varios casos de corrupción, como los juicios de Hotesur, Los Sauces y el Pacto con Irán, en los que están involucrados la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido por la tragedia de Once. Además, es probable que el tribunal deba tomar una decisión en el caso de corrupción de la ex vicepresidenta en el caso Vialidad.
El motivo del conflicto
Los jueces de la mayoría, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, decidieron dividir la secretaría penal en dos debido a su descontento con Arnedo, quien fue nombrado en la Corte con el apoyo de Lorenzetti y tiene vínculos con el camarista de Casación Alejandro Slokar y el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni.
Arnedo ocupaba el cargo de prosecretario letrado en el área penal del ministro Lorenzetti desde 2006, y es profesor adjunto en la cátedra de Derecho Penal de Slokar en la Universidad de Buenos Aires. Su designación fue respaldada por Lorenzetti, Elena Highton y Maqueda, y fue objeto de oposición por parte de Rosatti y Rosenkrantz. El traslado de Arnedo parece ser una jugada preventiva antes de la posible llegada de Ariel Lijo a la Corte, otro penalista que tiene posibilidades de ingresar al tribunal con el respaldo de Lorenzetti.
Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda argumentan que existen alrededor de 7000 casos pendientes de resolución en la secretaría penal, lo cual ha generado importantes demoras en el sistema judicial. A pesar de que desde 2019 se han sumado 14 empleados a esta dependencia, las demoras persisten.
El conflicto entre Lorenzetti y sus colegas ha existido desde que perdió la presidencia de la Corte Suprema. Ahora, con la posible incorporación de dos nuevos jueces al tribunal, uno de ellos respaldado por Lorenzetti, el ex presidente de la Corte se encuentra más cerca que nunca en los últimos cinco años de recuperar el poder y cambiar las mayorías en el tribunal.
Algunos abogados constitucionalistas cercanos a Lorenzetti han analizado detenidamente las consideraciones expresadas por el juez en su disidencia. Han señalado que algunas de estas consideraciones podrían convertirse en denuncias penales, lo cual sería algo inédito: jueces de la Corte denunciándose entre sí en un momento en el que la justicia tiene una baja reputación entre la ciudadanía.
