La crisis presupuestaria en el sistema universitario argentino
En el marco de la marcha federal universitaria que se dio el pasado 23 de abril, se reabrió el debate en torno al presupuesto destinado a las universidades.
El sistema universitario de nuestro país atraviesa una crisis presupuestaria que viene profundizándose desde hace varios años. Hay tres tendencias que muestran que la solución no pasa sólo por aumentar las partidas, sino por reordenar el sistema.
Mismo presupuesto, más universidades
En la reciente discusión sobre el estado de la educación superior en nuestro país, surgió un punto crítico: el aumento del número de universidades en los últimos años. Para poner el debate en números concretos, en 2012 el sistema público nacional contaba con 45 universidades. Hoy, ese número ha ascendido a 56 universidades. A primera vista, este incremento podría interpretarse como un avance significativo en el acceso a la educación superior. Sin embargo, la realidad es más compleja.
La lógica dicta que, sin un aumento presupuestario equivalente al incremento de universidades, la decisión de abrir más instituciones sólo conduciría a un reparto insuficiente de los recursos disponibles. Y, efectivamente, eso es lo que ha sucedido. Datos del Ministerio de Economía de la Nación revelan que, en 2012, el Estado nacional invertía un promedio de 31.000 millones de pesos por universidad (ajustado a precios de 2023). En contraste, en 2023, esa cifra se ha reducido a 21.000 millones de pesos por universidad. En 2012 el Estado nacional invertía 1 millón de pesos por año por alumno (a precios de 2023) y en el año pasado invirtió 723.000 pesos.
Menos recursos por universidad significan menos fondos para infraestructura, investigación, becas y salarios de profesores, lo cual se traslada directamente en menor calidad educativa.
Más alumnos, menos egresados
En los últimos años, la prioridad del sistema educativo parece haber sido aumentar la cantidad de universidades como estrategia de mejorar el acceso a mayor cantidad de alumnos matriculados. Quizás en parte esto podría ser cierto. Al igual que pensar que, como lógica consecuencia de lo anterior, estaríamos en presencia de un incremento de una mayor tasa de egreso. Los datos dan cuenta que, entre 2012 y 2022, las inscripciones en las universidades públicas aumentaron un 69%, mientras que las graduaciones solo crecieron un 32%. Esta disparidad afecta principalmente a las universidades estatales, que concentran al 80% de los estudiantes del país.
Además, otro aspecto preocupante en las universidades públicas argentinas es la alta proporción de estudiantes que se convierten en crónicos. Solo el 23% de los graduados completan sus estudios en el tiempo teórico esperado para cada carrera. Esto sugiere problemas estructurales en el sistema educativo que dificultan la finalización de los estudios en tiempo y forma.
Inclusión desigual
El sistema universitario público se esfuerza por ser inclusivo, eliminando barreras de entrada como los aranceles y los exámenes de ingreso. No obstante, la realidad es que existe una segmentación social marcada en el acceso y la permanencia en la universidad. El financiamiento público tiende a favorecer a los sectores de mayores ingresos, lo que contradice el ideal de inclusión.
Los datos reflejan esta desigualdad: sólo el 9% de los estudiantes que actualmente asisten a una universidad pública pertenecen al primer quintil de ingresos (el nivel más bajo), mientras que el cuarto y quinto quintil agrupan al 51% de la masa estudiantil. Este sesgo económico en la participación universitaria indica que, aunque el sistema es formalmente accesible para todos, en la práctica beneficia desproporcionadamente a los sectores más acomodados.
Lineamientos para una mejora universitaria
Recomponer el presupuesto de la educación superior constituye una necesidad. Sin embargo, también lo podemos convertir en una oportunidad para reorganizar el sistema mejorando aspectos como el ingreso, la permanencia, la equidad y la transparencia.
