El Ministerio de Capital Humano presenta un plan de reparto de alimentos acopiados a la Justicia
El Ministerio de Capital Humano presentó un plan de reparto de los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán. Este plan fue exigido por el juez federal Sebastián Casanello, en un fallo que fue confirmado recientemente por la Cámara Federal.
El Gobierno informó que los alimentos más próximos a vencer serán distribuidos a través de Conin y el resto será enviado a las escuelas más vulnerables, de acuerdo con los parámetros presentados al juez. Esta información fue proporcionada por fuentes cercanas a la causa.
En el fallo de la Cámara del miércoles, el camarista Eduardo Farah ordenó al Gobierno entregar el plan de reparto en un plazo de 24 horas, para evitar incurrir en desobediencia. Además, Casanello intimó al Gobierno a entregar los expedientes correspondientes a las compras de los alimentos acopiados en los galpones.
Hace diez días, Casanello había firmado una medida cautelar que exigía al Gobierno presentar el plan de reparto, informar el stock completo de los alimentos acumulados y entregar los expedientes de cada una de las compras. El Gobierno cumplió parcialmente con el último punto, solicitando prórrogas, pero aún no ha completado la entrega, según fuentes cercanas al expediente. Por esta razón, Casanello volvió a ordenar al Gobierno que cumpliera y entregara la documentación clave para la causa.
Los expedientes solicitados por el juez deben contener las normas y las razones que justificaron la compra de los alimentos, así como el destino para el que fueron adquiridos. Esto representa una prueba crucial para los investigadores.
En cuanto al plan de reparto, el Gobierno se había negado a entregarlo argumentando que era una “intromisión” del Poder Judicial en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, ante la confirmación de la Cámara Federal, el Ministerio de Capital Humano informó que presentaría todo lo requerido.
El voto del juez Farah fue terminante, advirtiendo que si el Gobierno no cumplía con lo ordenado, su conducta configuraría el delito de desobediencia a una orden judicial. Además, le dijo a Casanello que si el Gobierno desconocía el fallo de la Cámara, debería asumir la obligación de formular la correspondiente denuncia criminal y apelar al auxilio de la fuerza pública para asegurar la distribución de los alimentos.
