Contratiempo para el Gobierno en Diputados.
En medio de tensiones y desconfianza con el oficialismo, los partidos de oposición en el Congreso se unirán para establecer límites a través de dos acciones políticas de gran impacto. En la Cámara de Diputados, se rechazará el decreto presidencial que aumenta en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Paralelamente, en el Senado, se buscará convertir en ley una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, la cual el Gobierno ve como una amenaza seria al equilibrio fiscal.
A pesar de estar en minoría en ambas cámaras, los partidos de oposición difícilmente logren resistir la embestida de la oposición. La oposición busca incomodar al Gobierno forzándolo a vetar una ley que busca evitar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, mientras que al mismo tiempo impulsa un aumento significativo de los gastos reservados para inteligencia. Esto contrasta en un contexto de fuerte ajuste del gasto público, contribuyendo así a la licuación de los ingresos jubilatorios.
En la Cámara de Diputados, la ofensiva opositora se ve impulsada además por el malestar creciente de un amplio sector de la oposición dialoguista con el presidente del cuerpo, Martín Menem. Esto se evidenció en la sesión fallida del miércoles pasado, luego de que el bloque de Miguel Pichetto no bajara al recinto.
Pichetto, siendo uno de los principales dialoguistas con el oficialismo, no quería frustrar la sesión, pero sus compañeros estaban frustrados debido a las acciones de Menem. Menem ya había vetado a Emilio Monzó como miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia y luego cuestionó la designación del radical Mario Negri en la Auditoría General de la Nación. Menem insiste en que esas vacantes le corresponden a los libertarios por su condición de oficialismo y segunda minoría en el cuerpo.
En la Cámara de Diputados, los libertarios, liderados por Gabriel Bornoroni, insistirán con una nueva sesión especial que incluirá un proyecto para declarar a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial, garantizando un mínimo de clases durante los días de paro. Además, desde el radicalismo proponen otra sesión especial para actualizar el presupuesto de las universidades, denunciando que los sueldos del sector han perdido un 45% de su nivel adquisitivo en ocho meses.
Una de las acciones más destacadas es el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incrementa en $100.000 millones los gastos reservados de la SIDE. El oficialismo se encuentra en problemas, ya que la mayoría del bloque de la UCR está dispuesto a votar en contra del DNU en la Cámara de Diputados. Solo falta que la oposición en el Senado actúe de la misma manera para dejarlo sin efecto.
En cuanto a la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, el radicalismo fue el promotor en la Cámara de Diputados. El proyecto obtuvo media sanción en junio pasado, lo que generó preocupación en el Gobierno por su impacto fiscal. Sin embargo, la estrategia del oficialismo de modificar el proyecto en el Senado y devolverlo a Diputados para evitar el costo político del veto por parte del presidente no tuvo éxito. El senador Martín Lousteau y un grupo de senadores provinciales apoyaron el proyecto en el Senado, convirtiéndolo en dictamen de mayoría. Ahora se espera que sea aprobado en el recinto y se convierta en ley.
Si Milei se ve forzado a vetar la ley, la oposición podría rechazar ese veto con dos tercios de los votos en ambas cámaras, lo cual sería un golpe significativo para el Gobierno. Aunque esta alternativa parece improbable por el momento, no es imposible si el clima político no mejora.
