El Ministerio de Capital Humano busca ser aceptado como querellante en la investigación de las organizaciones sociales por extorsionar a personas vulnerables. Si esto ocurre, la cartera tiene preparada una estrategia “híper ofensiva” para involucrarse en el caso y responsabilizar a exfuncionarios que estuvieron en el cargo entre 2020 y 2023. Las investigaciones revelan que el mayor descontrol ocurrió después de la pandemia de Covid-19.
La presidenta Sandra Pettovello ha dejado al descubierto los desastres que existían en el peronismo. El peronismo aseguraba proteger a los pobres, pero en realidad los convertían en esclavos. Pettovello ha sacado a la luz esta realidad.
Aunque el Ministerio de Capital Humano aún no ha tenido acceso al expediente porque su solicitud de ser querellante está siendo evaluada por el juez Sebastián Casanello, ya conocen gran parte del contenido. Durante los cuatro meses de investigación llevados a cabo por la fiscalía de Gerardo Pollicita, el Ministerio de Capital Humano proporcionó la información necesaria. Fue después de que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunciara lo que habían recibido en la línea telefónica 134, donde los beneficiarios de planes sociales informaban sobre las situaciones a las que estaban expuestos para recibir la asistencia.
Pollicita solicitó información diariamente al Ministerio de Capital Humano, incluso los sábados. La justicia solicitó nombres y detalles de las organizaciones sociales, así como información sobre los fondos recibidos y los programas implementados. Hubo pedidos específicos sobre cooperativas.
Capital Humano respondió a través de la secretaría que engloba al antiguo Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). En base a esta información y los testimonios recibidos, se conformó el caso que actualmente involucra a 28 imputados y que ha sido objeto de 27 allanamientos.
Mientras que Casanello rechazó la solicitud del Ministerio de Seguridad para ser querellante en el caso, se espera que Pettovello tenga una resolución favorable. Entre los argumentos para ser aceptados como querellantes, se destaca que los fondos utilizados para financiar las Unidades de Gestión y los extorsionadores provenían del Ministerio de Desarrollo Social.
Según fuentes del área, se está preparando una estrategia “híper pensada” para demostrar que se trató de un plan criminal sistemático en perjuicio de los más vulnerables. Se busca probar que esta fue una asociación ilícita con la complicidad de funcionarios. La falta de una base de datos común complicó parte del análisis, pero se confía en que los responsables han dejado rastros.
Durante los tres años de investigación, el Ministerio de Capital Humano tuvo tres ministros: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Estos funcionarios buscaron auditar los planes y contar con un grupo de diferentes organizaciones. La causa también confirma la necesidad de eliminar intermediarios, como se había planteado desde la llegada al gobierno en diciembre pasado.
El Ministerio de Capital Humano ha disuelto el programa Potenciar Trabajo y ha dividido a los beneficiarios en dos programas diferentes bajo la órbita de diferentes secretarías. Además, se ha confirmado el fin de las unidades de gestión.
