El Senado de México aprueba la reforma para ampliar los delitos que permiten la prisión preventiva
El Senado de México aprobó la reforma constitucional que amplía los delitos por los que una persona puede permanecer arrestada sin cargos formales, con base solamente en las averiguaciones previas que hagan “probable” su responsabilidad. Se trata de la prisión preventiva. Para su promulgación, deberá ser aprobada por 17 de los 32 congresos estatales de México.
Reforma constitucional y su impacto en la sociedad
La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluye la extorsión, el tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales como motivos suficientes para que la Policía arreste a una persona para después presentar sus argumentos ante un juez. La ley mexicana establece plazos específicos para la detención, siendo de 72 horas para casos generales y 144 horas en casos de crimen organizado.
Datos relevantes sobre la prisión preventiva en México
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), para el cierre de 2023, 233,777 personas estaban en prisión, y un 37.3% permanecía detenida sin haber recibido una sentencia. La Corte Suprema de México establece un plazo máximo de dos años para la detención sin sentencia.
La reforma y su recepción en la sociedad
La aprobación de la reforma por la mayoría del partido oficialista Morena ha generado diversas opiniones. La senadora Lucía Trasviña Waldenrath justificó la decisión como una medida para proteger a las víctimas y cerrar la puerta a la impunidad. Sin embargo, la modificación constitucional ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW), que consideran que ampliar el uso de la prisión preventiva viola principios básicos de derechos humanos.
Polémicas y críticas a la reforma
La reforma constitucional ha generado controversia debido a su impacto en la impunidad y la violencia en México. Organizaciones como HRW han expresado su preocupación por el aumento de personas encarceladas sin sentencia y el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Instituciones internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han manifestado su preocupación ante la aprobación de la modificación constitucional. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que la prisión preventiva debe basarse en decisiones individualizadas de autoridades judiciales.
