La discusión generada por el decreto 70 firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete ha desatado un debate entre abogados sobre una amplia variedad de temas. Las opiniones son diversas en relación a las regulaciones archivadas, sustituidas o modificadas, así como los posibles escenarios futuros de la norma. Sin embargo, este decreto también representa una innovación, ya que por primera vez en los últimos 30 años, la Argentina se encuentra inmersa en una discusión sobre la desregulación de la economía y sus impactos en los negocios y en la vida de los ciudadanos.
En un país acostumbrado a largos trámites y a la burocracia estatal, esta discusión no puede pasar desapercibida. Aunque aún no se puede determinar en qué medida este decreto desregula la economía, se percibe como un repliegue del rol del Estado en sectores donde solo imponía requisitos burocráticos, sin eliminar la densa regulación que ha obstaculizado el crecimiento económico. Sin embargo, aún existen incertidumbres sobre la aplicación concreta de cada modificación debido a los cuestionamientos jurídicos y legislativos que ya han comenzado.
Es importante tener en cuenta que este decreto es solo una parte de la reforma del Estado, la cual incluye una amplia desregulación que será tratada en futuras leyes que se enviarán al Congreso. Entre las propuestas que podrían revolucionar el funcionamiento del Estado se encuentra la inversión del significado del silencio de la Administración Pública. Actualmente, cuando el Estado no responde a una petición dentro de un plazo determinado, se interpreta como una negativa. Sin embargo, se espera que esta falta de respuesta sea interpretada como un “sí”, lo cual obligaría a la burocracia a expedirse.
En términos económicos, la desregulación busca reducir el rol del Estado en la regulación, el registro y el beneficio de ciertos sectores. Esto implica la eliminación de leyes como la Ley de Góndolas, el Observatorio de Precios, la Ley de abastecimiento y la creación de una red de Mercados de Interés Nacional. También se presentan cambios en el régimen de tarjetas de crédito, donde se equiparan con otros sistemas digitales y se promueve el uso de resúmenes de cuenta en formato digital.
Sin embargo, los cambios más significativos se encuentran en el ámbito laboral, en el futuro de las empresas públicas y en el sector de la salud. En materia laboral, se derogarán leyes que establecen multas a favor del trabajador por irregularidades en la registración y el pago de indemnizaciones. También se permitirá la modificación del contrato de trabajo en aspectos esenciales, siempre y cuando exista un acuerdo entre las partes. Además, se establece un nuevo criterio de intermediación y solidaridad, considerando al trabajador como empleado directo de quien registra la relación laboral.
Las empresas públicas serán convertidas en sociedades anónimas, con el objetivo de privatizarlas mediante la venta de acciones. En el ámbito de la salud, se enfrentará una batalla entre los sindicatos y los laboratorios, ya que se plantean cambios en la intermediación de las obras sociales y la posibilidad de prescribir medicamentos genéricos.
Será fundamental que el Congreso y la Justicia discutan la necesidad y urgencia de este decreto para determinar su vigencia. A través de este debate se podrán evaluar los posibles resultados y consecuencias de la desregulación en la economía y en la vida de los ciudadanos argentinos.
