En los últimos años, el debate sobre el tamaño del Estado en Argentina ha sido una cuestión de gran relevancia en la sociedad. Incluso, el presidente Javier Milei lo ha convertido en una de sus principales banderas de campaña. Sin embargo, una vez finalizada la contienda electoral, la reducción del Estado se ha convertido en una cuestión de Estado.
Pero más allá de las intenciones y la forma en que se puede llevar a cabo esta reducción, es importante preguntarse qué aspectos del Estado se pueden achicar desde el gobierno central. Para comprender mejor el tema, es necesario examinar algunos datos y definiciones. Los empleados públicos son aquellos que reciben un salario bajo una relación laboral de dependencia con una entidad pública, y pueden estar sujetos a diferentes regímenes legales, como la ley de empleo público, la de contrato de trabajo u otras leyes especiales.
En términos generales, el número de empleados públicos en Argentina asciende a alrededor de 4 millones de personas, mientras que en 2005 eran 2,5 millones. Estos empleados se distribuyen entre la Nación, las provincias y los municipios. Para hacer una comparación, los asalariados del sector privado son 6,3 millones, mientras que en ese mismo período sumaban alrededor de 6 millones.
En el caso del presidente Javier Milei, tiene jurisdicción directa sobre aproximadamente 792.405 de esos 4 millones de empleados públicos, los cuales tienen relación de dependencia con la Nación. Aunque la gran mayoría de estos empleados dependen de las provincias y municipios, es importante detenerse en los diferentes estamentos de la Nación.
Dentro de los empleados públicos que dependen del poder central se encuentran la administración central y los organismos descentralizados, como la Administración de Parques Nacionales, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Unidad de información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros. Estos dos ítems forman lo que se conoce como la Administración Pública Nacional (APN), que incluye a todos los ministerios, los funcionarios públicos y el personal de seguridad y las Fuerzas Armadas.
Un estudio realizado por la Fundación País Abierto y Digital (PAD), presidida por Andrés Ibarra, revela que durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, la nómina de personal civil de la Nación se duplicó en 10 años, pasando de 124.409 en 2005 a 237.889 en 2015. Durante la presidencia de Mauricio Macri, esta cifra se redujo en un 18,8% a 193.084. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, se incrementó nuevamente hasta alcanzar cifras similares a las de 2015.
Además de la APN, el Poder Ejecutivo Nacional también tiene bajo su jurisdicción otros entes, como el PAMI, la Anses y la AFIP. Asimismo, existen empresas públicas como las ferroviarias y el Correo Argentino que también emplean a un gran número de personas.
Fuera del Poder Ejecutivo, se encuentran los empleados de las Universidades Nacionales, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. En total, se estima que en Argentina hay alrededor de 792.405 empleados estatales nacionales.
En cuanto a la reducción de la planta estatal, se han implementado medidas como no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Sin embargo, para lograr una reducción significativa, es necesario implementar sistemas de retiros voluntarios o de jubilación anticipada, tal como se ha hecho en el sector privado. Estos sistemas ofrecen incentivos económicos a los empleados que están próximos a la edad de jubilación, permitiéndoles abandonar el Estado y dedicarse a otras actividades.
La reducción del Estado en Argentina es una tarea compleja que requiere no solo de la voluntad política, sino también de la implementación de medidas efectivas. Si bien se ha logrado reducir el número de funcionarios en la alta dirección, aún es necesario abordar la situación de los empleados públicos en otros niveles de la administración. Asimismo, es necesario fomentar una cultura de profesionalización en el sector público y evitar la cooptación de cargos por motivos políticos. La reducción de la planta estatal no solo implica un ahorro económico, sino también una mejora en la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Estado.
